Comissions Obreres de les Illes Balears | 21 de desembre 2024.

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

    19/01/2012.

    Desde CCOO hemos manifestado en reiteradas ocasiones que las políticas de ajuste propuestas por la Unión Europea e implementadas por los diferentes Gobiernos ante la crisis son inútiles. CCOO, conjuntamente con UGT, se comprometió con propuestas concretas en mayo de 2009 con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo por el empleo y la protección social, en el que se planteaban iniciativas, para hacer frente a la actual coyuntura de crisis y para transformar el modelo productivo. En septiembre de ese mismo año, se suscribió por el Gobierno y los Sindicatos, en el ámbito del Diálogo Social para la Función Pública, el acuerdo 2010-12, que entre otras cuestiones demostraba la voluntad de los empleados públicos en colaborar para salir de la crisis y reforzar el Diálogo Social. Poco tiempo después, en mayo de 2010, se produjo un giro radical de las políticas del gobierno central, a las que se sumaron los gobiernos autonómicos y locales, basadas en los ajustes propuestos desde la Unión Europea y que han demostrado su inutilidad.

    Los acontecimientos nos siguen dando la razón, se ha demostrado que las políticas de reducción de gasto público no han servido para resolver la crisis, para que volviera a fluir el crédito a las empresas y a las familias, para anticipar la recuperación de la economía ni para la creación de empleo. Es más, las políticas de consolidación fiscal y de reducción del déficit basadas en la contención del gasto: agudizan la crisis, ralentizan la recuperación económica y la generación de empleo y afectan a la calidad de los servicios públicos, garantes de la igualdad y la cohesión social.

    En nuestro país, a pesar de lo que se afirma en foros conservadores y neoliberales, partimos de una situación de déficit del empleo público si nos atenemos a los baremos que existen en el conjunto de la Unión Europea. En España (datos de 2008) el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es sólo el 9%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%). En los países escandinavos es el 26% para Dinamarca, el 22% para Suecia y el 19% para Finlandia, estando estos entre los países cuya economía es más eficiente y emprendedora en la OCDE, tal como señala el último informe sobre competitividad y eficiencia económica de esa organización, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington. Además se trata de un empleo que ha incrementado la precariedad de forma exponencial. Por tanto, nuestro problema es que el sector público está subdesarrollado en lugar de sobredimensionado. Posiblemente sea necesaria una reforma de las Administraciones Públicas, pero nunca en el sentido de reducirlas aún más.

    Frente a este tipo de políticas es necesario:

    • Un gran Pacto por el Empleo que contemple también una reforma fiscal, la reforma del sistema financiero, un pacto de rentas, y un acuerdo para regular los precios de alimentos básicos, transporte, vivienda, electricidad y gas.

    • Apostar por el crecimiento económico, por una consolidación fiscal más justa y progresista que asegure los ingresos necesarios para sostener los gastos que demanda una salida de la crisis que consolide el Estado del Bienestar y por combatir el déficit público también por la vía de los ingresos. Las políticas e inversiones públicas son necesarias para salir de la crisis porque invertir en servicios públicos es invertir en renta y en valor y desarrollo de las personas.

    • Una sanidad pública, gratuita en el momento del uso y universal es garantía de calidad de vida y una apuesta necesaria por la innovación y el desarrollo. Los gobiernos deben garantizar la sostenibilidad, legitimación y suficiencia financiera del Sistema Nacional de Salud, así como el derecho a la asistencia sanitaria en condiciones de equidad sin recortar las inversiones en investigación porque nos alejaría del progreso y nos situaría en desventaja con los países de nuestro entorno. Es necesario alcanzar un pacto común que consiga blindar el sistema y que contribuya a potenciar el estado de bienestar, a promover la cohesión social y a reducir las desigualdades sociales.

    • Garantizar el derecho a una educación pública de calidad porque es un derecho fundamental que sienta las bases del progreso económico y social de un país. Destinar recursos a la educación pública no puede considerarse un gasto superfluo e innecesario sino que es la mejor inversión de futuro.

    • Unos sistemas de protección social que garanticen el bienestar de las personas más desfavorecidas satisfaciendo sus necesidades básicas sobre el principio de la universalidad de derechos y la igualdad de acceso.

    • Una justicia gratuita, ágil y cercana al ciudadano. Potenciando su coordinación y organización acercando las sedes a los ciudadanos y con unos procedimientos simplificados.

    • Invertir en transportes y comunicaciones. Fomentar el acceso a un transporte público, que conecte adecuadamente las distintas poblaciones y los barrios de nuestras ciudades, para garantizar una movilidad sostenible.

    • Asegurar el acceso a la cultura al conjunto de la sociedad por medio de políticas públicas que provean medios, equipamientos y actividades.

    • Una financiación suficiente de todas las administraciones, para el buen ejercicio de los derechos de ciudadanía, dotando fondos de cohesión suficientes para las administraciones locales e insulares. Es imprescindible mejorar la coordinación de funciones y competencias entre las diferentes administraciones y la lealtad institucional entre todas ellas es obligatoria y necesaria. Asimismo deben crearse órganos que fomenten la participación de los interlocutores sociales y organizaciones ciudadanas en el establecimiento de las cartas de servicios a la ciudadanía. La problemática citada no se resuelve planteando la recentralización de competencias.

    • Avanzar hacia un modelo tributario solidario y progresivo que permita incrementar los ingresos públicos y que persiga el fraude fiscal. Ello implica una amplia reforma fiscal que recupere figuras impositivas como el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, que elimine deducciones innecesarias, que controle los beneficios de las SICAV, crear un impuesto sobre la banca, implantar una fiscalidad verde…

    • Un número de empleados públicos suficiente, bien formados y con unas condiciones de trabajo dignas para, garantizar la calidad y eficiencia de los servicios que se prestan a toda la ciudadanía porque son un factor fundamental para la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

    No podemos consentir que la crisis sirva de excusa para desmantelar el Estado del Bienestar. Las políticas de ajuste están provocando la destrucción sistemática de empleo en las administraciones, mediante la amortización de plazas, la no renovación de contratos, la aplicación de la tasa de reposición en sectores a los que tradicionalmente no afectaba, despidos del personal laboral y privatizaciones de servicios públicos. En las administraciones públicas, la sanidad y los servicios sociales el paro se ha incrementado en el pasado mes de Octubre un 27% frente al incremento general del 3.17%. Además, al no realizar nuevas ofertas de empleo público, a pesar de existir grandes bolsas de precariedad laboral en los servicios públicos, la calidad de su prestación está en jaque, y el peligro de que la reducción de estos servicios se utilice para una nueva operación en pro de la reducción de déficit está plenamente vigente. Rechazamos, también, su conversión en un negocio para empresas privadas, así como que el incremento de los ingresos se realice sobre vías como los impuestos indirectos, el incremento de los precios públicos, el copago o formulas similares, que recargan el coste en la ciudadanía.

    Por ello, desde CCOO, manifestamos nuestro rechazo a la falta de inversión y los recortes en servicios públicos. En esta época de crisis deben centrarse los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos y del estado del bienestar, porque las personas son y deben ser siempre lo primero, y para ello deben conservarse los derechos a unas prestaciones sociales propias de un estado de bienestar desarrollado y a unas adecuadas condiciones de vida, además del derecho a un trabajo digno.

    Por último, es necesario desarrollar un espacio de encuentro permanente con diferentes organizaciones y entidades sociales, que dinamice e impulse una alianza en favor del Estado del Bienestar y de unos servicios públicos de calidad como derecho de ciudadanía y que es factor de integración y cohesión social a partir de una adecuada distribución de la riqueza.

    CCOO en defensa de los servicios públicos


    19-01-2012


    Documentació associada

    Manifiesto Área Pública

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    Documentació associada

    Manifiesto Área Pública